25 Noviembre 2020

La alcaldesa de Chihuahua capital, Maru Campos, denunció que es blanco de una persecución política por parte del gobernador Javier Corral, la cual está “disfrazada de proceso jurídico”.

Esta situación, expuso, que se da ante una falta de elementos para poder demostrarle acusación alguna, por lo que se le ha presionado por todos los medios posibles para construir mentiras que la perjudiquen.

A continuación, el mensaje íntegro:

“La semana pasada un diario nacional, Excélsior comentó sobre el amparo que promoví, solicitud que sigue su curso en la justicia federal.

Pero hoy quiero compartir con ustedes claramente lo que está alrededor de ese amparo y exponer la persecución que se ha desatado en contra de una servidora, disfrazada de proceso jurídico.

Como saben, desde 2016 y 2018, en los periodos electorales curiosamente, se ha buscado vincularme en los llamados expedientes X. Como parte de la guerra sucia, y en 2018, Alejandro Domínguez presentó una denuncia que, tiempo después, él mismo calificó sin sustento suficiente.

Sin embargo, la fiscalía continuó las investigaciones sin que, a la fecha, haya presentado avance, ni se haya concluido en la no acción penal, ni me han permitido una defensa en forma. Y cuando declaré que pedía a la fiscalía me dieran acceso para poder conocer el estatus del expediente y poder defenderme, la respuesta fue negativa y la reacción del mismo gobernador fue altamente beligerante. Confirmando con esas actitudes que no se trata de un tema jurídico sino evidentemente personal y político

Ustedes recordarán cómo el mismo gobernador Corral, el 15 de julio, públicamente me señaló con acusaciones y dichos, sin prueba alguna, pasando por encima de la más fundamental presunción de inocencia y violación al debido proceso.

Y es que hacerlo así está de moda. Como lo hacen ahora acusando periodistas y empresarios, sin pruebas; aquí el gobernador eligió formalizar su industria de la difamación, usando su posición como jefe del ejecutivo para calumniar y estigmatizar sin pruebas ni evidencias a quienes personalmente odia o le parecemos incómodos.

Si en julio tenía tanta claridad para salir a señalarme así, ¿por qué han pasado cinco meses y no ha habido acción legal? ¿por qué ahora calla ante las preguntas de los medios?

Primero, porque no hay pruebas que sustenten sus acusaciones, y segundo, y esto es lo más terrible…porque quizá se siga dando tiempo para inventar un caso o falsificar evidencias, que le permitieran tener la razón, sin importarle ni la verdad ni la justicia.

Por eso en todos estos meses no se ha movido el expediente, porque no hay delito. Pero el tiempo se les agota para consumar la persecución.

Y ahora están buscando en todos lados, intentando construir delitos hurgando en mis compras, en mis tarjetas, en los viajes, mis doctores, incluso donde paso navidades o hasta donde me peino.

Y digo esto porque yo sí tengo las pruebas de esta persecución personal y política, a la que parece que le dedican más recursos y entusiasmo que al problema del COVID, la seguridad o la economía de los chihuahuenses, esas no son sus prioridades. 

Miren Esta es solo una muestra de lo que están haciendo para incriminarme a la fuerza.
Fíjense bien…

Me acabo de enterar que hace días la Directora del Registro Civil del Gobierno del Estado, Inés Martínez, buscó a un excolaborador mío, que ahora vive en la ciudad de México, a Pablo, y le dijo que necesitaba que se entrevista allá en la ciudad de México con Carlos Olson, el subsecretario de Gobierno de Corral, porque tenían un tema muy delicado.

Pablo accedió y se entrevistó en la ciudad de México con Carlos Olson, quien además es suplente de Gustavo Madero en el senado, fue su tesorero en el CEN del PAN y ha sido su operador por muchos años, qué curioso…

En esa reunión de Pablo y Olson, el subsecretario de gobierno le dijo que el gobierno del estado tenía una investigación muy avanzada en mi contra, que debía de cooperar para no meterse en problemas; y que lo único que le pedía es que no se echara la culpa, y en los días siguientes lo buscaría un licenciado, un ministerio público de la fiscalía anticorrupción para platicar con él.

Sí, como lo escuchan y lo están viendo en los mensajes de texto.
El Subsecretario de gobierno del poder ejecutivo, acordaba la actuación de un ministerio público, de una fiscalía anticorrupción supuestamente autónoma, para buscar pruebas en mi contra.

Pero no acaba ahí, porque Inés Martínez pasó el número del MP que buscaría a Pablo, como seguramente le ordenó Carlos Olson.

El Licenciado Carlos Esparza Zamarripa, ministerio público de la fiscalía Anticorrupción fue quien lo buscó el día sábado 14 de noviembre y lo citó a una reunión para el jueves 19 de noviembre en la ciudad de México.

Sin embargo, aún cuando ya se habían citado para el jueves 19, durante el día sábado 14, personal de la fiscalía anticorrupción fue a casa de la familia de Pablo, aquí en Chihuahua, exigiendo se presentara, amenazando con multas e intimidando a sus familiares.

Sí, así es como operan, por consigna para armar sus casos…imaginan si ese mismo interés le pusiera el gobierno del estado a la revisión del semáforo del COVID, seguramente otro gallo nos cantaría…

Y llegado el día de la reunión acordada en la ciudad de México, Pablo se reportó: el MP Esparza Zamarripa, no atendió a la reunión a pesar de confirmar q llevaba semanas en la ciudad de México, y Pablo tuvo q hablar con Inés Martínez para explicarle.
Luego Inés se reportó para decir que ya había hablado con Olson.
El MP también siguió las instrucciones de Olson.
Y la misma Inés Martínez así lo reconoció.

Lo que van a escuchar es largo, pero tiene que escucharlo”


“Al día siguiente ocurrió la reunión, y el Licenciado Carlos Esparza Zamarripa, se acreditó como Ministerio Público, confirmó que estaban trabajando en la ciudad de México desde hace semanas, e interrogó a Pablo sobre su relación conmigo, su trabajo conmigo y le planteó a Pablo que debía ser sincero para no tener problemas en esa investigación, que apuntaba a él.

Y como les dije, aquí están las pruebas.


Sí, así está operando el Gobierno del Estado en esta persecución personal y política contra una servidora.

Persiguiendo y presionando amigos y ex colaboradores para inventar cargos y pruebas con que incriminarme.